Lo público se privatiza

No existen trabas para el desarrollo del Estatuto, que sigue su curso normal. Primero se ha aprobado el Estatuto y ahora tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas tienen que desarrollarlo en sus respecitivos ámbitos de actuación con otras leyes que se ajusten a la norma básica". Con estas palabras explica el Ministerio de Administraciones Públicas en qué situación se encuentra este debatido documento –Ley 7/2007, de 12 de abril– que marca un antes y un después en la gestión de los funcionarios. Mientras, el debate sigue abierto y algunas consultoras como Dopp desarrollan foros en distintos puntos de España para analizar qué pasos se están dando en las comunidades autónomas en esta materia. El último encuentro ha sido en Extremadura.

El debate
En opinión de Ángel Franco Rubio, consejero de Administraciones Públicas y Hacienda de la Junta de Extremadura, "el estatuto ha creado buenas expectativas para los funcionarios, ya que introduce incentivos a su gestión y, aunque no pone fecha, obliga a una evaluación del desempeño. La Administración está obligada a valorar el esfuerzo de los profesionales. No se contempla la penalización de los que no aportan. Esta norma nos da la oportunidad de ordenar la gestión". Uno de los riesgos que apunta el consejero es heredar una de las dolencias que sufre la empresa privada: "Que este incentivo se convierta en uno más y que el funcionario no lo valore". Pero también apunta que "quizá este incentivo sirva de aliciente para animar a los que ahora no aportan".

José María Sánchez, director del área de Administraciones Públicas de Dopp, coincide en que "el estatuto es una oportunidad para incorporar términos de la empresa privada al ámbito público pero, al igual que la Ley de Igualdad, no es fácil. Sólo marca un contexto". Por su parte, Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política y de la Adminitración por la Unversidad Rey Juan Carlos, y también participante en este foro, critica ciertos aspectos de la ley pendientes de desarrollo como la productividad y la retribución, porque "la Administración General del Estado no ha definido el nuevo grupo de empleados públicos si van a ser o no funcionarios. Las comunidades autónomas están aún esperando la reacción del Estado".

Con lupa
El Estatuto Básico del Empleado Público fue consensuado con los principales sindicatos de la Administración, con comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y fuerzas políticas. Ahora se trabaja en la futura ley de la Administración General del Estado. Éstos son algunos de sus objetivos:
- Definir un modelo de carrera profesional con elementos de horizontalidad, con auténticas garantías de promoción.
-  Definir un sistema retributivo que refleje el impacto del nuevo modelo de carrera.
- Intensificar los procesos de promoción interna.
- Definir el sistema de evaluación profesional, midiendo el rendimiento y los resultados.
- Cooperar con las restantes administraciones públicas para facilitar la movilidad entre ellas de los funcionarios, y el intercambio de información.