Políticos comprometidos con la discapacidad

Tres millones y medio de españoles con discapacidad y el dudoso honor que tiene nuestro país de encontrarse entre uno de los miembros de la Unión Europea con más paro entre los discapacitados son razones más que suficientes para exigir a los partidos políticos más actuaciones concretas en materia de empleo, formación y accesibilidad que faciliten la vida laboral y personal de un colectivo casi siempre en riesgo de exclusión.

Entre las promesas de los dos principales partidos políticos destaca la creación de 200.000 puestos de trabajo de calidad a través del desarrollo de la estrategia global de empleo para personas con discapacidad que propone el PSOE y, por parte del Partido Popular, el establecimiento del tercer plan de empleo para personas con discapacidad con el fin de promover el desarrollo de políticas que permitan la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo y la formación.

La Fundación Empresa y Sociedad presentó recientemente un informe que recoge las propuestas de 32 empresas y cajas de ahorro asociadas al programa Empresa y Discapacidad de esta institución, como Accenture, Caja Navarra, Ericsson, Iberdrola, Iberia, Indra, Microsoft Ibérica, Repsol, Sanitas, Sol Meliá, Unión Fenosa y Vodaforne, entre otras. "Este estudio es el resultado del trabajo en equipo de este grupo de organizaciones con el fin de que pueda tener efecto en un marco de actuación global".

A través de este informe, la Fundación quiere "ayudar a adaptar las políticas públicas a la realidad empresarial y de las personas con discapacidad y que las actuaciones de las empresas se adecúen a las prioridades de esas políticas", afirma Francisco Abad, director general.

Entre las propuestas destaca la inclusión de un módulo permanente en la encuesta de población activa (EPA) que ofrezca información estadística permanente sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad y que informe periódicamente sobre los avances producidos gracias al empleo directo y el diseño de planes de formación a medida. El fin es que se puedan evaluar los resultados prácticos de la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi) sobre los que ahora no hay ninguna información, a pesar de que data de 1986.

Resumen de propuestas sobre empresa y discapacidad
• Incluir un módulo permanente en la Encuesta de Población Activa que ofrezca información estadística sobre el mercado laboral de personas con discapacidad, como ya se hizo en el segundo trimestre de 2002.
• Informar periódicamente sobre los avances producidos gracias a la Lismi en empleo directo de personas con discapacidad y sus medidas alternativas.
• Diseñar planes de formación a medida para personas con discapacidad, teniendo en cuenta los puestos de difícil cobertura que representan un mayor potencial.
• Dar la opción de que las empresas puedan calcular la cuota de reserva a nivel de grupo, incluyendo la actividad de sus fundaciones empresariales.
• Permitir que ciertas donaciones de productos y servicios, especialmente la consultoría, tengan el mismo tratamiento que tienen ahora los recursos financieros en el cómputo de las medidas alternativas y en la fiscalidad que les concede la Ley de Fundaciones.
• Flexibilizar el actual requerimiento de información anticipada y detallada sobre el cumplimiento de la primera medida alternativa.
• Incorporar a empresas de referencia en discapacidad a los principales grupo de trabajo y órganos institucionales.