El Congreso aprueba ayudas al empleo en empresas de inserción laboral

Las empresas de inserción social que contraten temporalmente a personas en situación de marginación tendrán una ayuda anual de 850 euros anuales en las cotizaciones sociales, en forma de bonificaciones. Es decir, cuando la Administración paga toda, o una parte, de la aportación a la Seguridad Social que correspondería al empresario. Los contratos deberán tener una duración de entre uno y tres años.

La ayuda a este tipo de contratos temporales, recogida en la Ley de Empresas de Inserción Social que aprobó ayer el Congreso, es una "excepción" que hace el Gobierno en su política de apoyo al empleo. Las subvenciones de las cotizaciones sociales se dirigen fundamentalmente a fomentar el empleo indefinido. A esta ayuda del Gobierno central habrá que sumar las que concedan las comunidades autónomas, en función de sus competencias en este campo.

Indemnizaciones
En consecuencia con estas ayudas, en los tres primeros años el 30% de la plantilla tiene que estar formado por este tipo de personas, y hasta el 50%, cuando se cumplan cinco años. No obstante, como en el caso de los demás trabajadores temporales, al terminar la relación laboral el empleado tendrá derecho a una indemnización de doce días por año trabajado. Convergència i Unión intentó suprimir esta indemnización en el Senado, pero, finalmente, el Congreso la restauró ayer.

Trabajo estima que en toda España puede haber más de 150 sociedades de este tipo, en las que, como mínimo, el 51% del capital debe pertenecer a sociedades sin ánimo de lucro o instituciones y fundaciones benéficas. Igualmente, el Ministerio estima en alrededor de 200.000 personas el universo potencial de marginados sociales que, a través de este medio, pueden encontrar un camino hacia el mundo laboral.

La norma establece también que estas empresas deben dedicar, al menos, el 80% de los excedentes conseguidos por la actividad a la reinversión en la mejora de su desarrollo. La ley, de importante repercusión social, fue aprobada por todos los grupos políticos, aunque Convergència i Unió lamentó que el Gobierno no haya arriesgado más en las ayudas fiscales.