"La recolocación favorece la atracción de talento"

Juan Luis Goujon es consejero delegado de la empresa de recolocación MOA BPI Groupe desde 1990. A pesar de los años que ha dedicado a este negocio, reconoce que el outplacement -como también se conoce la práctica de la recolocación- aún es una actividad desconocida en España, al contrario de lo que sucede en países como Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica, en los que existe una sólida cultura en esta materia.

Según define, "la recolocación es la ayuda y el acompañamiento prestado a profesionales que se encuentran en situación de desempleo como consecuencia de una reestructuración laboral". En concreto, el proceso desarrollado en MOA se apoya sobre tres ejes: la orientación profesional del trabajador, su formación y la intermediación con la empresa contratante.

"El objetivo no es sólo localizar un puesto de trabajo para el profesional, sino prepararlo para que el proceso también sea un éxito para la empresa que lo contrate", explica Goujon. En este sentido, el outplacement es "una especie de medicina preventiva" que evita que "el desempleado se convierta en un parado de pata negra o larga duración".

MOA BPI Groupe gestiona más de 12.000 recolocaciones al año, la mayoría de ellas en Madrid y Barcelona. Según su máximo ejecutivo, "los sectores que actualmente generan más procesos son el textil, el del automóvil y el químico, mientras que los de alimentación, comunicaciones, finanzas, tecnología, construcción y servicios de outsourcing absorben la mayor parte de profesionales".

Conscientes del escepticismo que esta actividad despierta en España, MOA fija unas garantías mínimas de colocación. "Al menos, el 75% de los empleados consigue un contrato laboral estable, adecuado a su capacitación profesional, con un porcentaje de sueldo que nunca es inferior al 80% del que tenía en la firma cliente", detalla Goujon.

Beneficios para la empresa
Un proceso de recolocación se prolonga entre seis y once meses y puede costar hasta 6.000 euros por empleado, un gasto que asume la empresa que acomete la reestructuración. A cambio, la organización sanea la imagen negativa que inevitablemente provoca el recorte de una plantilla. "La práctica del outplacement favorece la relación con los stakeholders –es decir, las personas o entidades afectadas por la actividad de la organización- y puede atraer las inversiones que se dirigen a empresas con una férrea política de responsabilidad social corporativa", señala Goujon. En su opinión, la medida también favorece la retención y atracción de talento dentro de la compañía, "porque los profesionales saben que la empresa les ayudará a encontrar otro empleo en caso de nuevos recortes".

El 'outplacement' nacional
En España la recolocación no es una actividad regulada, sino que son los propios gobiernos autónomos los que tienen responsabilidad en materia de política activa. Para Goujon, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las autonomías que más han avanzado en este terreno. Según explica, "el gobierno de Francisco Camps financia programas de outplacement y ofrece primas que pueden alcanzar los 6.000 euros por puesto recolocado", mientras que en Cataluña "se invita a las empresas a que presenten, junto con la documentación que justifica el expediente de regulación de empleo (ERE), un plan social que detalle las medidas de reinserción de las personas afectadas, independientemente de la indemnización que les ofrezca".