
Empleo
Publicado el 22-12-2009 por E&E. Agencias
Con esta medida, se iguala el tratamiento fiscal de las indemnizaciones de trabajadores afectados por ERE con las de los despidos improcedentes. De este modo, las indemnizaciones por despido colectivo quedan exentas de tributación hasta los 45 días por año trabajado.
El pleno del Congreso ha aprobado que las indemnizaciones de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) queden exentas de tributación hasta los 45 días por año trabajado. Aunque esta medida se limita a los ERE aprobados desde el pasado 6 de marzo. Así consta en el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que ha salido adelante en su último trámite parlamentario, por lo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras la enmienda introducida en el Senado sobre fiscalidad, se iguala el tratamiento fiscal de las indemnizaciones de trabajadores afectados por ERE con las de los despidos improcedentes. Actualmente los afectados por un despido colectivo deben pagar el IRPF si la indemnización resultante de la negociación entre empresa y sindicatos supera los veinte días por año trabajado. Además, hasta diciembre de 2010 las empresas con ERE temporales autorizados podrán acogerse a la bonificación del 50% de las cotizaciones sociales si mantienen el empleo de los trabajadores durante al menos un año tras la finalización del expediente.
Entre las medidas para el empleo, destacan la posibilidad de que los trabajadores afectados por un despido colectivo repongan las prestaciones por desempleo ya utilizadas, con un límite de 120 días, por lo que no sufrirán merma de este derecho si finalmente se extingue su contrato. Además de otras medidas a favor de colectivos como autónomos, jóvenes o discapacitados, se establece que los trabajadores contratados durante dos años por empresas de inserción no podrán volver a tener un contrato de trabajo de estas sociedades.
Por otra parte, el Parlamento obliga al Gobierno a regular los servicios de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en el marco del diálogo social en un plazo de cuatro meses, a remitir al Congreso una evaluación de las bonificaciones a la contratación y a impulsar un nuevo Programa de Fomento del Empleo para 2010.
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