¿Remedios contra el paro o recetas interesadas?

Publicado el 03-12-2008 por Iván Antonio Rodríguez Cardo / Expansión.

En coyunturas económicas como las actuales se suceden las opiniones -más o menos fundadas- o las propuestas más o menos acertadas dirigidas a superar los momentos de dificultad de la forma más veloz posible.

Desde luego, en medio de un intenso proceso de destrucción de empleo y a punto de superar los tres millones de parados ?2.989.269 hasta noviembre?, no es de extrañar que entre las distintas opciones que se barajan la reforma de la legislación laboral ocupe una posición prioritaria, pues se ha asumido como dogma que aunque las dificultades no se hayan originado a consecuencia de la situación del mercado de trabajo, una reforma que incida en los derechos y deberes de los trabajadores, y en las correlativas facultades de actuación de los empresarios, puede coadyuvar a un resultado final más satisfactorio.

A diferencia de otros momentos históricos con incertidumbres similares, en esta ocasión no se ha incidido desde el primer momento en la necesidad de una reforma laboral, quizá porque inicialmente la crisis parecía limitarse al sector financiero, y en él centraron sus esfuerzos los poderes públicos. Sin embargo, cuando las dificultades económicas se han puesto de manifiesto han comenzado a surgir las voces que reclaman cambios en la legislación laboral, cambios que han de propiciar, en lo esencial, mayor flexibilidad y menores costes sociales para los empresarios.

En esa línea, desde diferentes instancias se ha propuesto ampliar las causas y la duración de la contratación temporal, limitar el coste real de los despidos colectivos, facilitar el descuelgue salarial para las empresas en crisis o suprimir las cláusulas de revisión salarial, amén de reformar el Sistema de Seguridad Social, tanto en relación con las pensiones, como en lo relativo a la protección por desempleo. Como es de esperar, los sindicatos han rechazado de plano esta clase de propuestas (que incluso han calificado de "disparate"), y tampoco el Gobierno parece estar por la labor de introducir novedades de esa índole.

Por lo pronto, resulta sorprendente que la solución a una crisis internacional que España no ha creado pueda ser resuelta con instrumentos meramente internos (¡ojalá fuera cierto!), y sorprende más aún que deban ser los trabajadores -los que tengan la fortuna de mantener su empleo- los principales perjudicados, cuando se suceden las noticias relativas a directivos o exdirectivos de empresas en concurso que cuentan con patrimonios personales muy elevados, y que se permiten solicitar ayudas públicas para superar la coyuntura, lo que resulta incluso obsceno.

Sin embargo, tampoco conviene enrocarse en posiciones poco pragmáticas que en nada benefician a los propios trabajadores, porque la mayor garantía de empleo estable y de calidad es la fortaleza de las empresas. Parece claro que en el contexto actual es imprescindible adoptar medidas de corte laboral, y son medidas que necesariamente restringirán los derechos de los trabajadores, porque ellos deben contribuir, sin duda ninguna, a la supervivencia de la empresa. Posiblemente, las resistencias serían mejor vencidas si los interlocutores sociales, y en general todos aquellos con cargos de responsabilidad o cuya opinión cuenta con importante repercusión pública, recurriesen más a menudo a la diplomacia, y, sobre todo, prescindieran en todo momento de intenciones ocultas o enmascaradas.

Hace escasos meses nadie abogaba por una reforma laboral de gran calado -más allá de las eternas reivindicaciones empresariales relativas a la rebaja de la indemnización por despido y a la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos-, y tampoco ahora se encuentran razones de peso para defender una reforma laboral duradera. Si el objetivo es superar una situación de dificultad, que se proponga expresamente una modificación -flexibilización- temporal de los derechos y deberes de los trabajadores, con el compromiso de restaurar la situación cuando la tormenta amaine, e incluso, por qué no, de compensar a los trabajadores por su "sacrificio" o compromiso (conversión de contratos temporales en indefinidos, aumento de derecho a vacaciones, etcétera).

En coyunturas negativas para la empresa es razonable suponer que los trabajadores se implicarán en una solución que les permita conservar su puesto de trabajo. Lo que no es de recibo es descargar sobre sus hombros la completa responsabilidad por una situación que, desde luego, ellos no han creado. Ahora bien, siendo el trabajo por cuenta ajena la principal forma de prestar servicios en las sociedades actuales, y vistas las dificultades económicas de las empresas, una solución rápida y efectiva a la crisis sin proceder a una reforma legal del mercado de trabajo se antoja utópica.

Pero la elección de las medidas a tomar y su extensión en el tiempo requieren un análisis profundo, en el que desde luego no pueden jugar exclusivamente factores macroeconómicos, ni deben primar en exclusiva los intereses empresariales, so pena de provocar la desconfianza en la representación de los trabajadores, frustrando así un acuerdo que, no se puede olvidar, parece un presupuesto no escrito para que el Gobierno proceda a una reforma.